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Hoy la Federación Asturiana Memoria y Republica (Famyr) y las familias de los «5 de Sobrepiedra» han realizado el acto de homenaje a las cinco personas asesinadas en la Fosa Común de Sobrepiedra (Parres), por fuerzas falangistas,el 12 de Diciembre de 1937.
Este año la Fosa ha sido adecentada por operarios municipales y del gobierno asturiano,a quienes los y las asistentes dieron las gracias públicamente.
Desde los organizadores se señaló la importancia de actos así como «vacuna frente al fantasma del Fascismo que de nuevo recorre Europa. Se aprovecho el acto para exigir un cumplimiento de las leyes de memoria estatal y autonómica, aún poco desarrolladas, y en particular para que se constituya el Consejo de Memoria, aún sin implementar pese a los 5 años de entrada en vigor de la ley.
Se aprovechó para exigir la desaparición del «modelo de impunidad español», mediante la judicialización de la exhumación de fosas y la apertura de procesos a los y las responsables que aún puedan vivir.El acto contó con la presencia de personas de IU y Podemos.
Restos óseos hallados en la fosa común en El Rellán, en Grado, Eloy Alonso | EFE 18 nov 2024 . Actualizado a las 05:00 h.
En las últimas
décadas, hemos sido testigos de un creciente número de exhumaciones
administrativas de fosas comunes del franquismo. Aunque estas acciones
pueden parecer, a primera vista, un paso hacia el reconocimiento de las
víctimas, en realidad representan un grave incumplimiento de las
obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y justicia. Lejos
de ser un acto de reparación, estas exhumaciones gestionadas por
organismos administrativos son un intento de encubrir la responsabilidad
del Estado y eludir la intervención de los tribunales que deberían
encargarse de estos casos.
Las fosas comunes del franquismo, donde yacen miles de personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente, constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional. Este tipo de crímenes son considerados imprescriptibles y no amnistiables,
lo que significa que el paso del tiempo no puede ser utilizado como
excusa para evitar su investigación y enjuiciamiento. España, sin
embargo, ha optado por un enfoque que deja en manos de organismos
administrativos la exhumación de cuerpos, en lugar de permitir que sea
el poder judicial quien dirija estas investigaciones y depure
responsabilidades. Este proceder supone un grave retroceso en el
reconocimiento de los derechos de las víctimas y sus familias. Es el
modelo español de impunidad, único en el mundo.
El marco legal
internacional, incluyendo convenios como la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas, establece que la desaparición forzada es un delito de lesa
humanidad cuando es parte de un ataque sistemático contra la población
civil. Esto implica que los responsables de estas atrocidades no pueden
beneficiarse de leyes de amnistía o prescripción. Sin embargo, en
España, el sistema judicial ha sido deliberadamente apartado, bajo la
excusa de la Ley de Amnistía de 1977 y la falta de voluntad política
para aplicar la justicia transicional. Las exhumaciones administrativas, en lugar de ser un paso hacia la justicia, perpetúan la impunidad.
Las víctimas del
franquismo tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. El
«derecho a la verdad» implica que el Estado debe investigar las
circunstancias de las desapariciones, identificar a los responsables y
garantizar que los crímenes no queden impunes. Es el juzgado natural el que debe encargarse de las exhumaciones,
con todas las garantías procesales que corresponden en un Estado de
derecho. Esto no solo es una exigencia de justicia, sino una obligación
que España debe cumplir como parte de su compromiso con los derechos
humanos.
Las exhumaciones
administrativas son una anomalía democrática que, lejos de sanar las
heridas de la memoria histórica, las profundiza y refuerza la impunidad
del franquismo. La única forma de honrar verdaderamente a las víctimas y
sus familias es reconocer que los crímenes cometidos por el franquismo
son crímenes de lesa humanidad y, como tales, deben ser tratados con la
máxima rigurosidad judicial. Las víctimas merecen mucho más que actos simbólicos: merecen justicia.
La apertura de fosas
comunes del franquismo al margen de la ley es una traición a la memoria
de las víctimas y a los principios de justicia universal. Al realizar
estas exhumaciones de forma administrativa y sin la intervención de los
tribunales, se perpetúa la impunidad de los crímenes de lesa humanidad
cometidos durante la dictadura. Esta práctica no solo incumple las
obligaciones internacionales de España, sino que también revictimiza a
las familias, negándoles su derecho a la verdad y a la justicia.
La verdadera reparación
solo llegará cuando los crímenes del franquismo sean investigados y
juzgados como lo que son: actos inhumanos que no pueden ser ni olvidados
ni perdonados por decreto. En un país que aspira a ser una democracia
plena, no hay lugar para la impunidad. Es hora de que este país cumpla
con sus obligaciones internacionales y permita que sea la justicia la
que, de una vez por todas, se encargue de abrir las fosas del
franquismo, no solo para exhumar cuerpos, sino para enterrar
definitivamente la impunidad.
Es el momento de que España deje de enterrar su historia y permita que sea la justicia quien desentierre la verdad.
La Comisión Permanente del Consejo del Patrimonio determina que “no representa los valores que acreditan un valor singular”
05 de noviembre de 2024
La
consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa
Gutiérrez, ha informado esta tarde en la Junta General de la negativa de
la Comisión Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural a incoar el
procedimiento para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC)
del monumento de Simancas, en Gijón/Xixón.
Vanessa Gutiérrez ha
comunicado el rechazo del órgano colegiado durante la Comisión de
Cultura en el parlamento asturiano y en respuesta a una pregunta sobre
la posible declaración BIC. Gutiérrez ha ahondado en el acuerdo de la
Permanente que desestimó la petición el pasado jueves 31 de octubre y
que recoge que “nun hai nada orixinal nin destacable na configuración
del monumentu xixonés, enmarcable dafechu na tipoloxía de monumentos
conmemorativos a los cayíos del bandu franquista”. En este sentido, la
consejera ha avanzado que el informe técnico concluye que “nun ye una
parte significativa nin destacada de la obra de los sos autores, Luis
Moya y Manuel Álvarez-Laviada”.
En el transcurso de su
intervención, Vanessa Gutiérrez, también ha recordado que este elemento
ya fue objeto de análisis patrimonial previo durante la tramitación del
catálogo urbanístico de Gijón/Xixón en 2010 y su revisión en 2019, “nun
siendo oxetu nesi momentu de nenguna petición pa que la protección que-y
asignaron se modificare o aumentare”.
En suma, según la Comisión
Permanente, el monumento de Simancas no presenta los valores que
acreditan que tiene el valor singular que el artículo 10 de la Ley del
Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural
establece.
Patrimoniu desestima la solicitú pa declarar BIC el monumentu de Simancas
La
Comisión Permanente del Conseyu del Patrimoniu Cultural d’Asturies
determina que nun representa los valores qu’acreíten un valor singular
La
conseyera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa
Gutiérrez, informó esta tarde na Xunta Xeneral de la negativa de la
Comisión Permanente del Conseyu del Patrimoniu Cultural a incoar el
procedimientu pa la declaración como Bien d’Interés Cultural (BIC) del
monumentu de Simancas, en Xixón.
Vanessa Gutiérrez comunicó’l
rechazu del órganu colexáu na Comisión de Cultura nel parlamentu
asturianu y en respuesta a una pregunta sobre la posible declaración
BIC. Gutiérrez afondó nel acuerdu de la Permanente que desestimó’l
pidimientu’l xueves pasáu 31 d’ochobre. Nél recuéyese que “nun hai nada
orixinal nin destacable na configuración del monumentu xixonés,
enmarcable dafechu na tipoloxía de monumentos conmemorativos a los
cayíos del bandu franquista”. Nesti sentíu, la conseyera avanzó que
l’informe técnicu conclúi que “nun ye una parte significativa nin
destacada de la obra de los sos autores, Luis Moya y Manuel
Álvarez-Laviada”.
Nel trescursu de la so intervención, Vanessa
Gutiérrez, tamién recordó qu’esti elementu yá foi oxetu d’análisis
patrimonial previu na tramitación del catálogu urbanísticu de Xixón en
2010 y la so revisión en 2019, “nun siendo oxetu nesi momentu de nenguna
petición pa que la protección que-y asignaron se modificare o
aumentare”.
En suma, según la Comisión Permanente, el monumentu
de Simancas nun presenta los valores qu’acreiten que tien el valor
singular que l’artículu 10 de la Llei del Principáu d’Asturies 1/2001,
de 6 de marzu, de Patrimoniu Cultural establez.
FAMYR (Federación Asturiana Memoria y República) ha procedido a presentar en el día de hoy a la Dirección General de Memoria Democrática de Asturias, la petición de declaración del monumento a los resistentes republicanos en el Mazucu, Alto de La Torneria, Llanes, como LUGAR DE MEMORIA, al amparo de la legislación autonómica y estatal en materia de memoria democrática. Dicho lugar representa la lucha heroica de las tropas republicanas frente a la ofensiva franquista, acompañada de la Legión Cóndor, convirtiéndose en un lugar mítico de dicha resistencia. En el Alto de la Torneria FAMYR colocó hace años un monumento, que año tras año viene sufriendo ataques y profanaciones por parte de sujetos anónimos de la ultraderecha de la zona, por lo cual esta entidad espera que dicho reconocimiento como LUGAR DE MEMORIA refuerce el grado de protección del mismo, en aras no solo de evitar estos ataques, sino de castigar debidamente a las personas que los realizan.
El Mazucu se ha venido convirtiendo desde hace años en un lugar de encuentro del movimiento memorialista y antifascista consecuente todos los años en el mes de Septiembre. Por eso FAMYR espera que para SEPTIEMBRE de 2025 ya pueda repetirse dichos actos con el reconocimiento de LUGAR DE MEMORIA conseguido.
El de La Camocha es el único pozo minero asturiano que está a la
vera del Mar Cantábrico, por eso para muchas personas constituyó el
brazo que unió Gijón con las cuencas del Nalón y del Caudal, cunas por
excelencia de la minería asturiana, junto a Cangas del Narcea.
Esta mina subterránea, explotada mediante pozos y ubicada junto
al poblado que lleva su mismo nombre, estuvo en producción durante 72
años, desde 1935 hasta 2007. A día de hoy aspira a recibir el
reconocimiento de ‘Lugar de Memoria Democrática’, que reconoce la ley
estatal aprobada hace dos años.
Y es que el artículo 51 de la Ley 20/2022 de Memoria Democráticaestablece
la creación del Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática,
como instrumento de publicidad y conocimiento de los mismos. El objetivo
es conformar una relación de espacios, inmuebles o parajes en los que
se han desarrollado hechos de singular relevancia para la memoria
democrática.
Es un justo homenaje a aquellos luchadores y
a la cuna de Comisiones Obreras que, antes y ahora, ha sido un pilar
del sindicalismo de clase en Asturias y en España
En 1957, en plena dictadura franquista y tras la primera de
muchas de las huelgas que se vivieron en este pozo, La Camocha se
convierte, seguramente sin ni siquiera contar con ello, en el lugar de
nacimiento del sindicato Comisiones Obreras. Por este motivo, el
consejero de IU en el Gobierno del Principado de Asturias, Ovidio
Zapico, ha solicitado este reconocimiento para la mina gijonesa.
Zapico confía en que La Camocha logre este reconocimiento pues
“es un justo homenaje a aquellos luchadores y a la cuna de Comisiones
Obreras que, antes y ahora, ha sido un pilar del sindicalismo de clase
en Asturias y en España”, y destaca la “buena acogida” que tuvo esta
petición cuando la comunicaron a la Secretaría de Estado de Memoria
Democrática.
El pozo gijonés que desafió al franquismo
Víctor Álvarez tenía siete años en aquel enero de 1957. Hoy, con
74 y algún que otro achaque encima, recuerda perfectamente las
reuniones en la casa del cura, Don José, donde una veintena de mineros
de La Camocha, el poblado en el que había nacido y vivía, preparaban la
primera huelga para reclamar a los dueños de la empresa, la familia
Felgueroso, unas condiciones de trabajo y sueldo dignos para los casi
1.600 trabajadores que tenia el pozo.
Fue la primera vez en la que un grupo de trabajadores le
plantaba cara a la dictadura franquista. Nueve días en los que los
mineros de La Camocha fueron ejemplo para todo un país.
Esta gesta tiene nombres y apellidos, los de Casimiro Bayón,
Celso Álvarez, Francisco ‘El Quicu’, Pedro Galache y Gerardo Tenreiro.
También se les conocía como un comunista clandestino, un socialista de
corazón, un miembro de las Juventudes Obreras Católicas (JOC), un minero
sin ideología conocida y un falangista reconocido por todos.
Fueron los cinco trabajadores a quienes la dirección empresarial
aceptó recibir para intentar solucionar el conflicto que ya se
prolongaba a lo largo de los días. Ellos constituyeron la primera
comisión obrera, germen del sindicato Comisiones Obreras que, años
después, se extendería por toda España.
Desde la Fundación Juan Muñiz Zapico, su presidente, Juventino
Montes, reconoce que había otras comisiones anteriores, pero por sus
características tan especiales, ninguna fue como la de La Camocha,
erigiéndose frente al Sindicato Vertical, en defensores de los derechos
de los trabajadores.
Casimiro Bayón, militante del Partido Comunista y fundador de la primera comisión obrera
Gelu Díaz
La posguerra había sido muy dura. La represión de la dictadura
golpeaba a los vencidos. Así que antes de 1957, ya se habían generado
conflictos laborales, con huelgas de brazos caídos y con algún resultado
exitoso, pero nada comparable al plante del pozo gijonés, pues allí,
además, se daban las condiciones perfectas para que la revuelta
triunfase.
Para Luis Felipe Capellín, militante de Comisiones Obreras en la
clandestinidad y concejal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón durante la
primera corporación democrática, “cuando se habla de La Camocha se habla
mucho de la mina, pero poco del poblado”. Un barrio “muy solidario” en
el que las mujeres tuvieron un papel fundamental en el mantenimiento de
las huelgas y luchas obreras.
Un argumento que comparte Víctor, quien recuerda los problemas
respiratorios que hacían enfermar cada dos por tres a los habitantes del
poblado, debido al polvo del mineral que respiraban a diario. “Cuando
los mineros no podían bajar a la mina, todos los vecinos se volcaban
para compartir con esas familias el poco alimento del que disponían”.
Ambos coinciden también en la importancia que tuvo para La
Camocha la procedencia de las familias que fueron llegando al poblado
para que los hombres bajasen a trabajar a la mina. Y es que muchos de
los mineros eran represaliados que procedían de Mieres y Langreo, y
llegaban al pozo gijonés tras haber estado años sometidos a trabajos
forzosos en el Pozo Fondón (Sama de Langreo).
No sé si son comunistas o no, lo que sé es que tengo la mejor plantilla de mineros de España
Y recuerda también cómo le contaron a aquel niño de siete años
que vivía en el poblado de La Camocha las palabras de Jesús Riva
Batalla, director de la explotación minera entre los años 1939 a 1980,
cuando fue llevado por la autoridad a la comisaría tras haber permitido
que se celebrara la reunión con aquellos cinco mineros, “no sé si son
comunistas o no, lo que sé es que tengo la mejor plantilla de mineros de
España”.
La Ley de Memoria Democrática recoge la declaración de los lugares de memoria democrática para explicar, proteger y señalizar espacios en los que se hayan desarrollado hechos vinculados a la memoria democrática, de las mujeres, a la represión o violencia sobre la población desde el golpe de Estado, que hayan sido relevantes por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva.
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